Mirador Público #2 - En lucha por su existencia: el cine argentino defiende el Fondo de Fomento 

El 27 de diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri aprobó la Ley 27.432, cuyo artículo 4º establecía la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los tributos, incluyendo el impuesto a las entradas de cine que financia parte del Fondo de Fomento Cinematográfico. Según ese artículo, ese gravamen estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. De no derogarse, dicha ley establece que los impuestos seguirán existiendo pero ingresarán a las Rentas Generales del Estado y no directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico, perdiendo así el INCAA la autarquía inherente a su creación. El artículo también prevé la caducidad de otros nueve impuestos que afectan la financiación de otros sectores e instituciones culturales como el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual o el FOMECA, fondo concursable que promueve el fomento a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. 

"Las mil y una" de Clarisa Navas.

En el último año, organizaciones del audiovisual argentino vienen reclamando la aprobación de un Proyecto de Ley impulsado por el Diputado José Pablo Carro que propone la extensión de la fecha de caducidad de los recursos de asignación específica a 50 años. El Colectivo de Cineastas (CdC) es una de las entidades sectoriales que acompaña el impulso de iniciativas legislativas para la derogación del artículo desde 2018 y apoya el Proyecto de Carro. “La legislación actual plantea la caducidad para Diciembre de 2022, por lo tanto su tratamiento es URGENTE”, señalan en declaraciones a LatAm cinema dos de los integrantes del CdC, Andrea Testa y Lucía Ruiz. “Primero debería ser tratado en la Comisión de Presupuesto y, de obtener dictamen favorable, pasaría a la Cámara de Diputados para su votación. En el contexto de crisis económica y política actual, son muchos los temas que se superponen y exigen soluciones. Por eso es importante hacer público este proyecto de ley y las consecuencias graves que implican la caducidad de los Fondos. En cuanto a los tiempos legislativos, lo que necesitamos es voluntad política para que se trate con celeridad y se apruebe el proyecto antes de diciembre”, sostienen. 

En paralelo, el sector audiovisual está trabajando en conjunto con otros ámbitos de la cultura (teatro, música, bibliotecas populares, medios comunitarios) para concientizar a quienes toman las decisiones en la Cámara de Diputados sobre las consecuencias de la caducidad del fondo. “La lógica de las asignaciones específicas es que el dinero que aportan las industrias culturales con el pago de impuestos vuelva al fomento de dichas industrias. Esta protección que hace el Estado del circuito de dinero garantiza en buena medida que las industrias nacionales existan, se desarrollen, se amplíen y diversifiquen por fuera de las lógicas de mercado y de la unificación de contenido”, agregan Testa y Ruiz. 

"Niña mamá" de Andrea Testa.

En este contexto de urgencia, uno de los principales reproches que el sector hacía a la gestión de Luis Puenzo era su inacción frente a la grave amenaza que supone que no se apruebe el Proyecto de Ley. Pero no era la única: organizaciones de personas trabajadoras, estudiantes y empresas reclamaban al entonces jerarca que, tras dos años de gestión, no se implementaron medidas para modificar el Plan de Fomento aprobado en el gobierno anterior, ni tampoco para impulsar la igualdad de género y el federalismo en el cine argentino, ni para poner en marcha la Cinemateca, entre otros reclamos. 

Uno de los hechos que activó la chispa de la movilización fue la circulación de un borrador de decreto presidencial que, según expresaron desde el Colectivo de Cineastas, establecía un nuevo tope para la financiación de la producción a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, sin incluir mínimos. Ese texto proponía que se destinara hasta un máximo del 50% del Fondo a la financiación de la producción, aunque la decisión del monto final quedaba en manos del Ejecutivo del INCAA. Ese borrador incluía además reducciones en los topes del reconocimiento de costos y en los topes de los subsidios a las producciones de bajo presupuesto. Ambas propuestas, tal y como afirmaban las organizaciones, promovían la lógica de la concentración en tanto reducían las posibilidades de producir y dirigir a personas y proyectos que no tienen patrimonio o apoyo de grandes capitales privados. En paralelo, y bajo esa misma perspectiva, el 30 de marzo se aprobaron tres resoluciones que, entre otras medidas, aumentaban el costo de una película de presupuesto medio a 96 millones de pesos y, en esa franja, reducían los montos máximos de apoyo a las producciones en 39% (animación), 35% (ficción) y 26% (documental). 

"El motoarrebatador" de Agustín Toscano.

Primeras medidas 

Tras la destitución de Puenzo, los reclamos de parte del sector acerca de la inacción del INCAA están siendo tomados en cuenta, con el acompañamiento de Tristán Bauer,  Ministro de Cultura. El presidente en funciones, Nicolás Battle, convocó al Consejo Asesor, órgano de cogobierno, y el pasado 9 de mayo entró en vigor la Resolución 485/2022 que establece dos incentivos reivindicados desde hace años: el de Paridad de Género y el Federal, que implican un estímulo extra del 10% para producciones federales y/o lideradas por mujeres o diversidades en al menos el 50% de los cargos de producción ejecutiva, dirección de producción, dirección y guion. Ese mismo texto deroga las resoluciones aprobadas el 30 de marzo, que fueron rechazadas explícitamente por el Consejo Asesor; de esta manera, el costo de las películas nacionales de presupuesto medio quedaba en 60 millones, reconociendo el 100% de sus costos de producción y aumentando los topes de los subsidios al 78% (animación), 56% (ficción) y 28% (documental). 

Por otro lado, el Observatorio del INCAA publicó un informe sobre el impacto económico y tributario del audiovisual argentino que ofrece una respuesta fundamental a las voces que cuestionan la financiación del fomento del cine nacional. Dicha publicación, realizada por el equipo de consultores del Área de Modelos Económicos de Simulación MESi-IIEP (UBA-CONICET), indica que el sector audiovisual argentino representó el 5,2% de la economía en 2017, con una contribución de 967 millones de pesos directos e indirectos (unos 8,2 millones de dólares) y la creación de 94 mil puestos de trabajo (0,50% del total). El estudio concluye que, de eliminarse el fondo, la actividad económica general se reduciría en 4 mil millones de pesos y se perderían unos  6 mil puestos de trabajo, el 60% de los cuales pertenecen a sectores ajenos al audiovisual. Estas cifras vienen a generar un nuevo aporte para sumar adhesiones para la aprobación del Proyecto de Ley del diputado Carro. 

"El silencio es un cuerpo que cae" de Agustina Comedi.

Asimismo, el texto toma en consideración otro de los grandes pedidos del sector y proyecta el hipotético escenario ante la aplicación de la política pública de incremento del Fondo de Fomento a través de impuestos a los servicios de plataformas VOD que operan en el país. El informe plantea dos posibilidades de recaudación que han sido implementadas en otros países: la creación de una tasa de asignación específica del 10% sobre los abonos de streaming importados; o la reasignación al Fondo de Fomento de un 10% del IVA aplicado a los abonos de las plataformas; en ambos casos, el valor bruto de producción crece en unos 470 millones de pesos. Sin embargo, los efectos sobre la economía global son mayores con la primera vía, que genera un aumento de 2.143 millones de pesos en la actividad económica general y casi 3 mil puestos de trabajo. 

El INCAA pondrá este tema en discusión en el marco del próximo Encuentro Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual que se desarrollará el 31 de mayo de manera virtual. La mesa contará con la participación de Francisco Cabrera, del Observatorio Audiovisual Europeo, que compartirá el modelo implementado en la Unión Europea, y con representantes del ámbito parlamentario y del sector audiovisual en Argentina. “Las plataformas en nuestro país no tributan para el sostenimiento y crecimiento de la industria audiovisual. Los ingresos que concentran son sumas millonarias y debieran ser consideradas como exhibidoras del cine. De esta forma, nuestra legislación podría pedir que parte de estos ingresos -que el Estado ya recauda de manera impositiva-, vayan a engrosar el Fondo de Fomento. Esto es algo que tenemos en agenda y también es urgente que las plataformas comiencen a aportar a los recursos para fomentar la industria audiovisual desde una perspectiva de soberanía audiovisual”, sostienen Testa y Ruiz del CdC.

Mirador Público #1 - Tímido camino hacia el cambio: políticas públicas para reducir la brecha de género.