CategoríasBolivia cerró el 2018 con nueva legislación para el fomento del cine. El pasado 20 de diciembre, el presidente Evo Morales promulgó la flamante Ley 1134 de Cine y Arte Audiovisual Bolivianos, un texto de 30 artículos que deberá ser reglamentado en un plazo de 90 días.
La norma aprobada propone “establecer políticas, instrumentos y mecanismos de acción que contribuyan en forma integral a fomentar, desarrollar, proteger y promocionar la actividad cinematográfica y arte audiovisual bolivianos”. Para ello, prevé la creación del Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual Bolivianos, “destinado a la investigación y formación, desarrollo, producción, postproducción, distribución y exhibición”.
Esta herramienta será gestionada por la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADECINE), institución pública descentralizada que tendrá autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y con patrimonio propio. El Presidente del Estado designará a una persona para asumir la dirección ejecutiva de esta nueva entidad, que sustituye al CONACINE y se espera que sea implementada a mediados de año. La Ley también determina la creación del Consejo Asesor del Cine y Arte Audiovisual Bolivianos, CODECINE, órgano asesor de ADECINE, que estará conformado por un directorio con cinco miembros: tres del ámbito público (Ministerio de Culturas y Turismo, Ministerio de Comunicación y Ministerio de Educación) y dos representantes del sector que ejercerán el cargo por rotación.
Asimismo, la norma prevé la implementación de cuota de pantalla para televisión y salas de cine y un impuesto a la distribución y exhibición de películas extranjeras. Esta tasa, que será equivalente al 3% sobre los ingresos mensuales de distribuidoras y sobre la venta de entradas, será una de las fuentes financieras del fondo de fomento. El nuevo sistema de impulso al cine y audiovisual boliviano recibirá además recursos anuales del Tesoro General de la Nación (TGN) -según disponibilidad, según señala el texto-, donaciones, convenios y cooperación internacional, entre otras fuentes.
Según afirma a LatAm cinema Pilar Groux, productora y presidenta de la Asociación de productoras ProdA Bolivia, se espera que dicho fondo sea de 2,5 millones de dólares. “El TGN va aportar, cómo y cuánto esperamos se defina detalladamente en el reglamento”. Según señala, ya se está trabajando en la reglamentación desde los ámbitos público y privado. “La forma de trabajo que se ha planteado es que ambas partes generen una propuesta, el estado nos convocará a los distintos representantes de la parte civil para revisar la propuesta y plantear o discutir lo planteado”, sostiene.
Sobre la lectura que ProdA Bolivia hace de la nueva ley, Groux explicó a LatAm cinema que ésta “está aún susceptible mientras no esté el reglamento”. No obstante, a título individual, la productora considera que la ley recoge cuatro puntos clave “ADECINE, el fondo para toda la cadena, la cinemateca y las coproducciones. Falta la parte de la reglamentación que es el complemento importante a esta Ley”, afirma.
Pero el texto también ha sido discutido por algunos ámbitos de la actividad audiovisual. Desde el sector de Cochabamba publicó un manifiesto firmado por cerca de 150 personas que rechaza el proyecto de Ley, en el entendido de que el proceso de negociación se dio sin “transparencia, participación y representatividad”; obviando “ las directrices y al mismo Congreso del Audiovisual y Cine de Cochabamba del 2013”. Aquel encuentro reunió por primera vez a 300 personas del sector, desarrollándose un Mandato y una Comisión para trabajar por la Ley. Allí se acordaron algunos ejes que, según los firmantes, quedan fuera del texto aprobado, como la soberanía audiovisual, la pluralidad, la descentralización, la excepción cultural y la pluralidad de pantalla, entre otros.
Uno de los firmantes e integrantes de la Comisión del Congreso, el director y productor Claudio Araya, explica a LatAm cinema que la principal reivindicación de la nueva ley “es que no respeta el espíritu que emanó del congreso, el cual era sentar soberanía sobre el espacio audiovisual nacional en todas sus pantallas. Eso posteriormente querría decir aterrizar en una ley que sea inclusiva, democrática y descentralizada, que permita la participación de un congreso en el diseño de políticas culturales”. En este sentido, dicho sector propone la realización de un nuevo Congreso Nacional de Cine y Audiovisual el próximo mes de marzo para revisar los fundamentos de la ley.
La norma aprobada en diciembre también se refiere al impulso de las coproducciones, la salvaguarda del patrimonio y el fomento del cine y audiovisual indígena originario campesino. En lo relativo al fomento de audiencias, la Ley se refiere al impulso de festivales cinematográficos, la aplicación de una tarifa reducida para estudiantes de primaria y secundaria durante una semana al año y la declaración del Día del Cine el 21 de marzo.
