Mirador Público #6 - Políticas públicas para un cine y audiovisual sostenibles
La palabra sostenibilidad lleva tiempo apareciendo en el ámbito de las políticas públicas del audiovisual. La promoción de un sector sostenible empieza a entrar en los planes y objetivos de las diferentes instituciones regionales que se dedican al impulso del cine y el audiovisual. Por ahora, las medidas se limitan a sensibilizar y promover los llamados “rodajes verdes”, pero el concepto de sostenibilidad asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abre una gama muy ampliade iniciativas para un cine y un audiovisual sostenibles.
En septiembre de 2015, los gobiernos del mundo agrupados en Naciones Unidas acordaron una nueva agenda de desarrollo sostenible de cara a 2030 que proponía un llamamiento universal para “proteger el planeta”, pero también para “erradicar la pobreza y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad” a través del compromiso con los 17 ODS, también llamados Objetivos Globales. Este es el marco al que responden las instituciones públicas vinculadas al audiovisual cuando incluyen en sus planes de trabajo la promoción de la sostenibilidad ambiental en el audiovisual; la producción y el consumo responsable; la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático; y la conservación sostenible del agua, los océanos y los ecosistemas terrestres.
En términos de sostenibilidad ambiental, las políticas para el cine y audiovisual no pueden ser ajenas a su promoción, en tanto se trata de un sector que genera fuerte impacto en su entorno, tanto en los rodajes como en los eventos. El alto consumo, el uso de energía y transportes, y la generación de residuos, así como la intervención en los territorios que funcionan como locación son prácticas inherentes a la actividad. Hasta ahora, las instituciones regionales que han incluido el concepto en sus planes de trabajo se han limitado a hacerlo en el plano de la sensibilización y, específicamente, en los rodajes. En Colombia, Proimágenes ya incluye en las bases del Fondo de Desarrollo Cinematográfico el compromiso de que las producciones beneficiarias sean “amigables con el medio ambiente” y entrega a cada proyecto un documento de recomendaciones no vinculantes en materia ambiental. La Comisión Fílmica del país también ha desarrollado un manual de buenas prácticas para reducir el impacto socioambiental de las producciones que está disponible en la web.
En México, IMCINE exige una carta a las producciones que aplican a FOCINE en la que se comprometen a llevar a cabo “una estrategia que contemple medidas de equidad, respeto, y de sostenibilidad ecológica y humana que impliquen a todo el personal creativo y técnico de la película”. A pesar de que no se exigee ningún plan ni evaluación, igual que en Colombia, la medida puede tener efectos positivos en el plano de la sensibilización. De forma más concreta, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México lanzó una tímida medida en 2022: un concurso para la creación de cortos con temática medioambiental que incluyan prácticas para reducir su impacto ambiental. La convocatoria implicó la participación en una residencia formativa sobre el impacto ambiental, la producción y la creación. Se espera que esta iniciativa sea piloto para aplicarse en un futuro cercano en los fondos generales y con amplitud de temas.
Algunos países europeos trabajan desde hace años en promover la sostenibilidad ambiental en el audiovisual, pero son pocos los territorios donde las autoridades públicas han pasado de la sensibilización a la acción. El British Film Institute (BFI) ya incluye entre los requisitos para optar a la financiación pública la obligatoriedad de que los proyectos integren la sostenibilidad medioambiental en su plan de trabajo desde la fase de desarrollo del proyecto. Para ello se ha desarrollado el sello BAFTA albert, que certifica los proyectos a través de un sistema de puntuación y brinda formación gratuita a las productoras para lograrlo. La autoridad británica incluye en su plan 2023-2033 la sostenibilidad medioambiental como principio estratégico con el objetivo de lograr en esta década una actividad con huella de carbono cero, incluyendo la actividad institucional. Por su parte, Eurimages, el fondo de ayuda al cine del Consejo de Europa, ya ha incluido en su convocatoria 2023 un criterio de mejor valoración a proyectos que presenten medidas para reducir el impacto medioambiental. Además, ha lanzado tres premios a la coproducción verde dotados con 10 mil euros que se otorgarán en el marco de festivales y eventos a largometrajes que mejor logren combinar producción sostenible y calidad artística.
Es esperable que, de forma progresiva, las instituciones públicas de Latinoamérica vayan incorporando requisitos e indicadores en los fondos de fomento al audiovisual. Por sus escalas de producción, parece todavía más necesario incluir estos criterios en las regulaciones y las exoneraciones fiscales a producciones internacionales, que suelen ocasionar un alto impacto social y medioambiental que no se cuantifica. Asimismo, los eventos -laboratorios, festivales y mercados- también tienen amplio margen para reducir su impacto ambiental, especialmente a través de la reducción de viajes en avión, requisitos que podrían condicionar la financiación pública. La inclusión de estas variables ayudará también a evitar el llamado greenwashing, es decir, las acciones que se desarrollan exclusivamente en el plano de la comunicación y que funcionan como lavado de cara ecológico de empresas que no tienen prácticas sostenibles.
En términos de sostenibilidad ambiental, las políticas para el cine y audiovisual no pueden ser ajenas a su promoción en tanto se trata de un sector que genera fuerte impacto en su entorno, tanto en los rodajes como en los eventos.
Desde algunas instituciones se están generando instancias formativas asociadas a los requisitos de la financiación, como la mencionada certificación británica, un camino que parece fundamental para la efectiva implementación. Otras, todavía en el plano de la sensibilización, como la comisión fílmica de Tenerife, están promocionando cursos para desarrollar la nueva figura de Green Manager o Ecomanager, a cargo de cuidar la sostenibilidad en los rodajes. El informe Screen New Deal publicado por el BFI advierte otro peligro de greenwashing asociado a este rol: “Las personas nombradas para estas funciones a menudo carecen de la capacidad de integrarse en el poder de decisión de quienes ejercen la dirección de producción, que perciben sus recomendaciones como una imposición. Como resultado, las medidas de sostenibilidad tienden a limitarse a la reducción de daños, en contraposición a la creación de valor positivo, y se centran en gran medida en soluciones más fáciles de alcanzar que tienen un impacto puntual y luchan por escalar a la industria en general”.
Como en toda política, conocer la realidad es el paso previo a la intervención, por lo que una de las primeras medidas es realizar diagnósticos sobre el impacto real que el audiovisual genera en cada territorio. Las calculadoras de huellas de carbono y las certificaciones internacionales pueden servir como guía para definir estándares propios en forma de calculadoras y sellos que respondan al contexto nuestra región. En este sentido, parece fundamental el trabajo y los acuerdos que puedan lograrse en las reuniones de trabajo de las autoridades a nivel supranacional como la CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica). Ese ámbito, así como las organizaciones de integración regional como Mercosur, el Sistema para la integración Centroamericana o la Alianza del Pacífico pueden ser promotoras de instancias formativas para el sector.
No solo verde: sostenibilidad multicolor y responsabilidad pública
El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el cumplimiento de los ODS en la región concluye que no se ha avanzado demasiado y que, entre otras cosas, “se requiere no solo un esfuerzo de mayor inversión y financiamiento, sino un cambio en la forma de hacer política pública”.
La institución regional menciona que “la transformación del modelo de desarrollo y el camino al desarrollo sostenible requieren que el Estado ejerza su liderazgo y coordine el proceso para impulsar una agenda de transformaciones estructurales con una visión estratégica de largo plazo”. En este sentido, además de los objetivos vinculados directamente con los impactos ambientales, entre los 17 ODS se incluyen otras metas específicas aplicables en los procesos de trabajo del sector que ayudan a pensar en las condiciones para las certificaciones sostenibles de los proyectos audiovisuales.
Específicamente, el Objetivo 5 plantea lograr la igualdad de género, un ámbito que, a la luz de las políticas y presupuestos asociados, no todas las autoridades públicas del audiovisual perciben como una prioridad. Pero los ODS dan indicaciones muy claras para implementar medidas: “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (5.5), “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos” (5.a) o “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles” (5.c). Lo mismo sucede con el Objetivo 8, que propone “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” apelando a la protección de los derechos laborales y entornos de trabajo seguros y sin riesgo (8.6).
En la región, las recomendaciones de la Comisión Fílmica Colombiana abarcan tímidamente la concepción social del concepto de sostenibilidad. Además de las medidas para reducir el impacto ambiental, las recomendaciones para rodajes ponen sobre la mesa la cuestión de las comunidades de las locaciones donde se filma. Por su parte, las iniciativas mencionadas de Eurimages y BFI se centran en la sostenibilidad medioambiental y abordan los demás ODS a través de otras áreas cuyas conclusiones también tiene implicancias en la financiación.
Documentos de interés
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Acerca de la autora: Marta García es Licenciada en Comunicación Audiovisual, Magister en gestión cultural con especialización en relaciones culturales internacionales, migraciones y desarrollo local. Se desempeña en el sector cinematográfico desde 2008, habiendo trabajado en los ámbitos público y privado como programadora de festivales y espacios, periodista, analista y gestora cultural para la circulación de obras en territorio y a nivel internacional.