CategoríasAnte la ausencia de un plan nacional de fomento del cine en Bolivia, el municipio de La Paz implementó la primera política pública boliviana de impulso al audiovisual que se reconoce como modelo para ser replicada. Así lo destacaron integrantes del audiovisual boliviano en una reunión sectorial convocada en el marco del MICC3600, Mercado de Industrias Culturales y Creativas que se desarrolló en la ciudad boliviana entre el 17 y el 19 de octubre.
La Ley de Culturas de la Paz, aprobada en diciembre de 2017, es la primera política pública cultural del país, y también la única que propone varias líneas para el desarrollo integral del cine, con foco en la producción paceña. Entre ellas se destaca el fondo de fomento, que otorga un monto anual de 300 mil pesos bolivianos (unos 45 mil dólares) a proyectos en las categorías de desarrollo, producción, postproducción y promoción evaluados por un jurado internacional.
El fondo es anual y está garantizado a futuro. “La gran ventaja es la fuente de financiación, pues sale directamente de los ingresos del municipio y no depende del recurso excedente”, destaca Viviana Saavedra, productora, gestora cultural y responsable de la Unidad de Fomento a las Iniciativas Artísticas y Culturales del Municipio de La Paz. En la edición 2018 fueron apoyados “Queen Bee” producido por Victoria Guerrero (desarrollo), “Perros” producido por Álvaro Manzano (producción ficción), “Achachilas” de Juan Gabriel Estellano (producción documental), “Sirena” de Carlos Piñeiro (postproducción) y “Lo peor de los deseos” de Claudio Araya (lanzamiento y promoción).
La Ley también incluye otras conquistas para el cine boliviano: la cuota de pantalla en las salas comerciales de La Paz, medida que se prevé sea reglamentada en las Jornadas Culturales de 2019; la Comisión Fílmica, La Paz Filma, que el próximo año contará con un recurso humano para su gestión; y otras ayudas a proyectos de formación, patrimonio, publicaciones, cultura viva comunitaria y movilidad internacional.
Los profesionales del cine reunidos en el MICC3600, que llegaron desde territorios como Potosí, Santa Cruz de la Sierra o Cochabamba -además de La Paz-, validaron esta Ley como paradigma para su réplica en cada región, donde la política pública de apoyo al cine es nula. En este sentido, Paz Padilla, realizador de Santa Cruz de la Sierra, destaca que las regiones “deberían iniciar un camino propio para trabajar el cine. Dejando de creer que el Estado va a resolver La ley, los gobiernos locales deben impulsarla. La Paz ha dado un paso enorme y Santa Cruz se está moviendo porque tiene interés en replicar la experiencia paceña”.
Precisamente, la tan discutida y ansiada Ley de Cine fue otro de los temas conversados en el encuentro. Justo en la semana del MICC3600, representantes del sector se reunieron con la Ministra de Cultura y la presidenta de la Cámara de Diputados para escuchar la propuesta de ley que debería aprobarse antes de finalizar el año, según prometió el vicepresidente del Gobierno hace seis meses. Dicho documento todavía no es público y debería ser socializado a la brevedad, tal y como señala Gabriela Paz, representante de Cineastas Independientes, asociación que reúne a directores y productores jóvenes. Una vez aprobado, correrían los 90 días para su reglamentación.
No obstante, varios miembros del sector reclaman que la Ley de Cine no debería avalarse a cualquier precio, según explican a LatAm cinema. Entienden que el proceso de negociación en el último año se ha tornado irregular en tanto no representa a las regiones ni a todas las partes, incluyendo a aquellas que vienen impulsando la Ley desde el Congreso del Cine realizado en 2013 en Cochabamba. Aquel encuentro reunió por primera vez a 300 personas del sector, desarrollándose un Mandato y una Comisión para trabajar por la Ley. En este sentido, destacan la estrategia del gobierno en el último período para desmovilizar a la comunidad convocando a algunos representantes y no a la totalidad que fue electa en el Congreso.
Precisamente con el fin de organizarse, este año se creó la Asociación de Productoras, ProdA Bolivia, que actualmente cuenta con 20 compañías y está en vías de oficializarse a través de la personería jurídica. Su presidenta, la productora Pilar Groux, apunta que además de la coyuntura legal municipal y nacional, el principal desafío pasa por aumentar la visibilidad internacional.
