CategoríasEl sector audiovisual peruano rechaza y convoca a estar alerta ante la que denomina “Ley anticine”, tras la reciente aprobación de la Ley 32.309 (“Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales del Perú”) que deroga la normativa aprobada en diciembre de 2019.
Organizado en el Colectivo en Defensa del Cine Peruano, que agrupa más de 70 gremios y unas 700 personas trabajadoras independientes del cine y el audiovisual en Perú, el sector venía expresando su rechazo a esta normativa desde septiembre de 2023, cuando el proyecto fue presentado por primera vez de la mano de Avanza País. Tras la presión de la comunidad de cineastas, el texto fue observado incluso por el ejecutivo, pero el 25 de abril fue aprobado con 71 votos a favor y 37 en contra en el Congreso de la República.
En un comunicado difundido recientemente, el sector denuncia que la nueva ley “pretende imponer condiciones arbitrarias, ambiguas y peligrosas para acceder a los estímulos económicos, permitiendo que funcionarios del Estado hagan control ideológico de los proyectos y antes de que los evalúen los jurados autónomos oficiales”. En su artículo 13.3, la ley señala que no podrán recibir estímulos económicos las obras “destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio directo de una organización política; ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”.
Consultada por LatAm cinema, la cineasta y representante del colectivo Rossana Díaz Costa destaca que esta cláusula “se puede prestar a que cierto tipo de proyectos no se puedan hacer. Nos referimos a las películas que se hacen con los estímulos del Ministerio de Cultura”. La directora advierte que la cláusula es muy abierta y habilita a censurar tanto películas vinculadas a la memoria histórica y los crímenes de Estado de los 80 y 90, como a temas vinculados a los derechos de las mujeres, particularmente en relación al aborto, y a las identidades LGTBIQ+. Además, la nueva ley elimina todas las menciones vinculadas a los derechos de la ciudadanía, tales como el reconocimiento a la plurinacionalidad étnica y cultural o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En la misma línea, la vocera del colectivo denuncia que la nueva ley estipula que la inversión del Estado no puede superar el 70% del coste total del proyecto, una limitación que va a afectar especialmente al cine que se hace fuera de Lima. “Las productoras que tienen más experiencia y películas, de repente pueden conseguir coproducciones y buscarse la vida. Pero para el sector del cine regional, el que se hace en regiones fuera de Lima, conseguir coproducciones y auspicios es más difícil, se va a ver afectado, lo que va a resultar en una precarización del cine peruano”, destaca Díaz Costa.
Por último, Díaz Costa señala que la ley se ha aprobado con la sola intención de crear una comisión fílmica, reduciendo su objeto al establecimiento de incentivos económicos y fiscales, tal como se refleja en el título. En su Artículo 16, la ley recoge los incentivos a las donaciones económicas a los proyectos cinematográficos y audiovisuales, pero ni siquiera esta parte está bien hecha, advierte la representante sectorial: “Hay varias cosas que no han sido observadas ni por el sector, ni siquiera por el Ministerio de Economía”.
“No estamos muy lejos de lo que está pasando ahorita en Argentina. Ha sido mucho más agresivo todo lo que ha hecho Mileli, pero es lo que está pasando en muchos países ahora mismo. Es una batalla contra la cultura y, lamentablemente, tenemos que seguir luchando”, remata la cineasta y representante sectorial.
